Renca no la lleva todavía

Desde el 28 de junio la muerte de Michael Jackson ha pasado a un segundo plano para dar lugar a la nueva noticia del momento. Rememorando acontecimientos la segunda mitad del siglo XX, las fuerzas militares hondureñas expulsaron al Presidente hondureño Manuel Zelaya e instalaron un gobierno de facto presidido por el señor Roberto Micheletti. Los medios le han dado una amplia cobertura a los hechos, pero poca cobertura a las razones de cada bando. En DILO.cl mostraremos las dos caras de este controversial hito histórico para que ustedes se formen su propia opinión.

En un país cuyas cúpulas de poder —iglesia, medios de comunicación, militares, empresarios, etcétera— están altamente politizadas, el Presidente electo democráticamente Manuel Zelaya, que termina su mandato el próximo año, convocó a una consulta no vinculante para decidir si el pueblo hondureño apoyaría un cambio en la Constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones a realizarse en noviembre de este año.

El problema viene porque esta encuesta es considerada ilegal, tanto por la justicia ordinaria como por la justicia electorial. Tanto la oposición como los copartidarios de Zelaya sintieron que este era un intento de Zelaya para poder extender su mandato indefinidamente, tal como otros mandatarios lo han logrado en sus respectivos países. De hecho, en el Congreso existía pendiente una investigación a la salud mental del Presidente Zelaya para eliminar esa hipótesis. Además, existían fuertes cuestionamientos a la probidad del gobierno de turno, saltando a la luz pública serios casos de corrupción y malversación de fondos.

La tensión durante esa semana fue creciente ante los rumores de un posible Golpe de Estado organizado por las fuerzas militares encabezadas por Romeo Vásquez Velásquez. Ya sea en señal de apoyo o en repudio a la consulta que se iba a realizar, algunos servicios paralizaron sus funciones. Zelaya decidió destituir a Vásquez Velásquez, debido a que se negó a apoyarlo en la realización de la consulta, como jefe de las Fuerzas Armadas, pero al día siguiente lo restituyó.

De esta manera, el día domingo, en vez de realizarse la consulta, las fuerzas militares expulsaron a Zelaya del país e instalaron un gobierno de facto, presidido por Roberto Micheletti, pero manteniendo los poderes Legislativo y Judicial, que se rumorea que apoyaron el Golpe. Técnicamente, lo ocurrido fue que se recurrió a una cláusula en la Constitución que indica que el Poder Legislativo asume el mando del país en caso de ausencia absoluta del vicepresidente —renuciado en 2008— y del presidente —cuya supuesta carta renuncia fue aprobada en el Congreso, aunque cercanos a Zelaya la califican de falsa—, por lo que asumió Micheletti, que era el presidente del Congreso. Al mismo tiempo, los militares salieron a las calles a reprimir violentamente a los ciudadanos que expresaban su apoyo a Zelaya y el poder de facto decretó la suspensión de las garantías personales como la libre expresión, decretando toque de queda. Zelaya recibió el apoyo de la comunidad internacional y se refugió en Costa Rica. Los países y las organizaciones internacionales repudiaron el golpe de estado y no reconocen a Micheletti como presidente de Honduras, por haberse apropiado del poder de manera no democrática. Así, organizaciones como la OEA y el ALBA, entre otras, han aplicado castigos y suspenciones a Honduras.

Los que apoyan a Zelaya declaran que la carta de renuncia es falsa y que el Congreso actuó arbitrariamente, dado que nunca se le aplicó a Zelaya un examen siquiatrico para afirmar que su salud mental no era óptima. Zelaya dice estar dispuesto a volver a Honduras para terminar su mandato, pero Micheletti advierte que, si bien está de acuerdo con el regreso al país de Zelaya, este debería ir directamente al estrado, donde deberá comparecer ante la justicia hondureña por cargos de violación a la constitución.

Micheletti, por su parte, argumenta que él asume el cargo interina y temporalmente para restablecer el orden político en Honduras y lo abandonará para realizar elecciones en la fecha que corresponde. Dice que gobernará dentro de los límites que establece la constitución y que su gobierno será de diálogo y conciliación. Además, subraya que la intervención militar del 28 de junio no se trata de un Golpe Militar, sino que corresponde a una acción apegada a la Constitución hondureña.

Ésta es una mirada bien general a los hechos ocurridos en Honduras, tratando de presentar una visión imparcial para que ustedes formen su propia opinión respecto de este tema.

Fotografía: (cc) Flickr: bdeboikot (link)

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